FUERA MACRI

Un aparato de la dictadura que debe ser disuelto

Escribe: Marcelo Parrilli

Legislador porteño

MST Nueva Izquierda

El escándalo de las escuchas llevadas adelante por Mauricio Macri, Ciro James y el “Fino” Palacios no es más que el resultado directo de lo que es la Policía Metropolitana de Macri. Este aparato de seguridad que, lamentablemente, se creó gracias a los votos de muchos de los bloques opositores que hoy existen en la Legislatura de la Ciudad -entre ellos el kirchnerismo y el Partido Socialista- está muy lejos de ser una policía nueva, comunitaria, de proximidad con los vecinos, como declaman el jefe de gobierno y su ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro.
Como reiteradamente hemos venido señalando, su cúpula se compone de manera casi exclusiva con personal proveniente de la Policía Federal Argentina con directa participación en la represión durante la dictadura militar. Esto surge con toda claridad de los legajos del personal que hoy ocupa la conducción de esa fuerza, y que hemos podido ver junto con otros legisladores que integran la comisión especial de seguimiento de esos nombramientos.
Es evidente que cuando Macri dijo que para formar la Metropolitana había consultado con la CIA, la DEA y el Mossad, no mintió. Hoy son los ex integrantes de los grupos de tareas de Videla, Massera y Agosti quienes conducen su “nueva” policía desde la central ubicada en Barracas. Macri y el PRO están dispuestos a sostener a los genocidas del «proceso» contra viento y marea. Así quedó demostrado días pasados, cuando el ministro Montenegro llamó al programa A Dos Voces para intentar rebatirnos la denuncia que reiterábamos contra el represor Ricardo Raúl Ferrón por su actuación contra el CELS en 1981. Montenegro no sólo defendía a Ferrón, sino a toda la cúpula mafiosa de la Metropolitana y la política de seguridad de Macri, que busca dotarse de un aparato direccionado a la represión política y social.
Por eso venimos insistiendo en que la Metropolitana debe ser disuelta y esta es una batalla política a dar junto a todos los sectores democráticos. En ese sentido nos parece un avance el planteo del diputado nacional Claudio Lozano (Proyecto Sur), al señalar públicamente que «es imprescindible desarmar la Policía Metropolitana desplazando a toda la cúpula». Creemos que sería un paso adelante hacia la conformación de una fuerza de seguridad totalmente nueva, distinta, democrática, cuya constitución debe ser discutida por todos los sectores de la sociedad, organizaciones de derechos humanos, de trabajadores, estudiantiles y sociales, garantizando además un sistema de control popular constante sobre la misma.


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Macri se tiene que ir

Procesado por asociación ilícita por las escuchas ilegales, Mauricio Macri y su gobierno atraviesan una crisis inédita. Por ser el responsable del espionaje y de armar la Metropolitana con represores de la dictadura, en mayo nuestro diputado Marcelo Parrilli presentó el proyecto de juicio político para destituirlo. En la sesión del 20 de julio, el PRO bloqueó todas las propuestas opositoras: la de Parrilli, la de pedir que Macri se tome licencia, la interpelación, la de formar una comisión investigadora y hasta la de pedir una copia de la causa penal…
Al otro día, en una voltereta sorpresiva fruto de su crisis, Macri aceptó ir a juicio político. El proyecto del PRO, totalmente distinto al de Parrilli, se limita al tema de las escuchas. Aprovechando una leve ventaja como primera minoría, Macri quiere que la Legislatura lo “enjuicie” pero que no llegue a acusarlo. Ahora, como le es difícil juntar suficientes votos para iniciar el juicio político, crecen las chances de la comisión investigadora que impulsa la oposición. Sin descartar alguna nueva maniobra macrista, en principio ambas opciones se volverán a tratar el 12 de agosto.

Debates ante la crisis
El primer debate que surge frente a la grave crisis política porteña es si Mauricio Macri debe irse o no de su cargo de jefe de gobierno. Para nosotros categóricamente sí y por dos hechos fundamentales.
Como dijo Parrilli, “el primero es el haber conformado la cúpula de la Metropolitana con elementos provenientes de la dictadura, centralmente de la Federal y su Superin- tendencia de Seguridad. La integración de ese cuerpo, en el que cuatro de cada cinco jefes provienen de esa etapa y otros se vieron involucrados en la represión de diciembre de 2001, es un grave supuesto de mal desempeño del cargo.”
De ese problema central, que desde que Macri nombró al “Fino” Palacios como capo policial desató un escándalo tras otro, se desprende la consecuencia que generó el procesamiento iniciado por el juez Norberto Oyarbide y luego ratificado por la Cámara Federal. Más allá de que Néstor Kirchner actúe de fogonero por interés político, lo cierto es que Macri montó un aparato ilegal destinado a hacer “inteligencia”. No es un hecho menor: utilizó al propio Estado para hacer espionaje a funcionarios, diputados opositores y hasta su ex cuñado. ¿Qué derechos y garantías puede haber con semejante jefe de gobierno y su policía?
Estos hechos van más allá de tal o cual postura ideológica. Que 42 de los 52 jefes de la Metropolitana provengan de la dictadura niega la idoneidad democrática más elemental para dirigir el cuidado de la seguridad pública. Además, es la primera vez en la historia de la Ciudad que un jefe de gobierno está bajo procesamiento por delitos tan graves. Macri inexorablemente marcha hacia un juicio oral y público junto al represor Palacios y el espía Ciro James, ambos designados por él. Por ambas razones, debe irse cuanto antes.

Todo para que se vaya
La posibilidad de desplazar del poder a un gobernante ilegítimo, como lo es en este caso el ingeniero Macri, no depende sólo de factores superestructurales sino esencialmente del grado de movilización popular.
Por eso el MST-Nueva Izquierda, desde hace varios meses, viene desarrollando una campaña de agitación política para que los trabajadores, los estudiantes y en general los vecinos de la Ciudad se informen, intervengan en la crisis y se movilicen para lograr que se vaya Macri. Miles de volantes, dos series de afiches, pintadas, charlas en todos nuestros locales, mesas de difusión y marchas contra la Metropolitana y contra Macri son las acciones concretas de esa campaña.
En ese marco de impulsar la participación y la movilización, el proyecto legislativo de nuestro diputado es un instrumento más al servicio del mismo objetivo: echar a Macri. Y por eso el de Parrilli difiere por completo del ridículo proyecto que presentó el PRO, acorralado por la situación y a los apurones, que no busca acusar a su jefe sino salvarlo. Se equivocan por completo quienes pretenden igualar uno y otro.
Nosotros apostamos a que un proceso de juicio político, en medio de la propia dinámica de la crisis, combinada con la intervención popular, abra camino a la destitución. No sería la primera vez que ocurre. Y lejos estaría cantado de antemano el resultado, menos aún con el rejunte decreciente que es el bloque macrista.

El rol de la oposición
Los bloques de la oposición cuyos diputados acompañaron el proyecto de Parrilli de juicio político cuando el PRO lo rechazaba, ahora ante la jugada de Macri han variado su posición. El kirchnerismo especula políticamente, apostando a un desgaste lento de Macri pero sosteniéndolo en su cargo. Por su parte, tanto Elisa Carrió como Aníbal Ibarra también han salido a decir que debe seguir gobernando. Aunque lo critiquen, todos ellos defienden la continuidad de Macri en su sillón.
En cuanto a los compañeros de Proyecto Sur, si bien existe una divergencia táctica, compartimos el mismo objetivo de que Macri tiene que irse. Aspiramos a unir fuerzas en la movilización para avanzar en ese sentido. De todos modos, estamos convencidos que una comisión investigadora coherente tarde o temprano debe desembocar en un juicio político.
El problema, junto con definir si hay juicio político o una comisión investigadora, es si en la Legislatura la oposición va a seguirle aprobando a Macri herramientas para gobernar alegremente como si nada pasara o si en cambio no debe votarle ninguna ley más hasta obligarlo a que se vaya. Así lo dijo claramente nuestro diputado al cerrar su intervención en la sesión especial del 20 de julio: «Ahora nos están diciendo que quieren 600 millones de endeudamiento para AUSA y que quieren manotear el dinero de la venta de los inmuebles de Catalinas para aplicarlo a fines que no estaban previstos en la ley. No tenemos que votar esas leyes; no tenemos que votar absolutamente ningún proyecto que plantee el Poder Ejecutivo ni el oficialismo hasta que Mauricio Macri se tome licencia y avancemos en el juicio político.”

Movilizar en unidad contra Macri
Por encima de las maniobras desesperadas de Macri y el PRO, y por encima de los zigzagueos de gran parte de la oposición que tantas veces les fue funcional, desde el MST-Nueva Izquierda queremos hacer un llamamiento a todo el pueblo trabajador y a la juventud porteña.
La crisis política que hoy sufre la Ciudad de Buenos Aires tiene un responsable principal: Mauricio Macri. El mismo que por cuestiones de dinero está peleado hasta con su padre. El mismo que mandó a su vicejefa de diputada nacional por mezquina conveniencia política. El mismo que por gestión pública entiende los negocios privados.
A los organismos de derechos humanos; a los docentes, trabajadores de la salud, judiciales y demás compañeros municipales; a la CTA; a la FUBA y los centros de estudiantes universitarios y secundarios; a las organizaciones de desocupados, de inquilinos, a los movimientos sociales; a los partidos de izquierda y a todos los sectores democráticos de la Ciudad los convocamos a coordinar acciones unitarias para poner en marcha la cuenta regresiva de Mauricio Macri y de su gobierno de ajuste, espionaje y represión.

JUICIO POLITICO a Macri

Escribe Marcelo Parrilli, legislador del MST Nueva Izquierda.

El martes 18, por los escándalos en la Policía Metropolitana, en la Legislatura porteña fue interpelado el ministro Montenegro. Más allá de nuestras críticas hacia él, nuestra posición es que se le debe iniciar juicio político al máximo responsable de gobierno: Mauricio Macri.

Las compañeras y compañeros lectores de Alternativa Socialista sabrán disculpar la brevedad de estas líneas, que estamos escribiendo al terminar la sesión especial de interpelación al ministro macrista de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro.
Fueron casi siete horas durante las cuales donde abundaron las chicanas de uno y otro lado, las evasivas o directamente las no respuestas del ministro y más de una provocación de diputados oficialistas del PRO, pero muy pocas posiciones de fondo. Dejando de lado las pirotecnias verbales, es evidente que los bloques de oposición atan su estrategia legislativa a lo que vaya sucediendo en los tribunales judiciales.
No es nuestro caso. Sin dejar de tomar en cuenta las circunstancias de la causa judicial, nosotros no supeditamos nuestra posición política y legislativa a lo que haga o deje de hacer tal o cual juez o tribunal. Así lo señalamos en nuestra intervención. Y por eso hemos presentado hoy mismo, antes de la sesión, el proyecto de juicio político a Macri cuyo texto reproducimos en estas mismas páginas y que lleva el Nº de Expte. 1262-D-2010.
Como lo dijimos en nuestra exposición, un juicio político es de una naturaleza totalmente distinta a un juicio penal. En esta Ciudad hubo un jefe de gobierno destituido a través de un juicio político, mientras que en la causa penal correspondiente ni siquiera fue llamado a indagatoria.
Nosotros estamos convencidos de que por encima de las decisiones cuestionables tomadas por el ministro Montenegro, la responsabilidad política fundamental por la creación, la implementación y la integración represiva de la Policía Metropolitana le cabe al ingeniero Mauricio Macri. La decisión política de Macri de poner en los máximos mandos de dicha policía, un órgano supuestamente encargado de cuidar a la población, a oficiales que actuaron en el aparato represivo y de inteligencia de la dictadura es una causa de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Con el mismo criterio de independencia en relación con la justicia, venimos afirmando que no corresponde nombrar como jefes policiales a quienes revistaron en fuerzas de represión durante el terrorismo de Estado, como lo ha hecho Macri. Si un proxeneta como el ex comisario Miguel Ángel Fausto Colombo, que cobraba coimas en prostíbulos, tuvo que ser separado de la Policía Metropolitana, ¿con qué argumento mantienen en la conducción de la Metropolitana a oficiales como Ricardo Ferrón, que actuaron en el aparato represivo y de inteligencia de la última dictadura militar? ¿Qué idoneidad, ética pública y compromiso democrático de defensa de los derechos humanos podrían tener como para premiarlos desde el Estado con un alto cargo y nada menos que en un cuerpo que se supone responsable de la seguridad ciudadana?
Por el juicio político para destituir de su cargo a Mauricio Macri como jefe de gobierno de la Ciudad, y por la disolución de la Policía Metropolitana, esa verdadera Federal II conformada con lo peor de la Federal, es que desde nuestro espacio político MST-Nueva Izquierda llamamos a todos los organismos de derechos humanos, a los centros de estudiantes, a las organizaciones democráticas y a los partidos de izquierda a iniciar desde ya mismo una gran campaña en conjunto por ambos objetivos.

La POLI - PRO

Metropolitana para reprimir

Sin control alguno de la Legislatura y la Defensoría o cualquier otro organismo que implique algún tipo de representación popular, el 5 de febrero debutó la policía de Macri.

Escribe:
Marcelo Parrilli, Diputado por la Ciudad (MST)

La Defensoría y la Legislatura no controlan porque esta última no se reunió para formar la comisión especial que ordena la Ley 3255. Otra posible forma de control popular, a través de los Foros de Seguridad Pública, tampoco se efectuará porque Macri vetó la ley que los creaba.
Estas graves omisiones en materia de control se suman a la decisión de Macri de vetar la Ley 3298, que creaba el Comité de Prevención contra la Tortura, enmarcado en varios tratados internacionales. Así, la Metropolitana, desde lo legal e institucional, no tiene control alguno en su integración y en áreas clave de su funcionamiento.
Por ahora la Metropolitana actuará en la Comuna 12, que abarca Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón. Son unos 850 efectivos, 500 de ellos a las calles, de los que un 70% provendría de la Federal y otro 10% de la Bonaerense. Aparte de que nadie sabe sus antecedentes, esto confirma que, de “nueva”, la policía macrista tiene poco y nada.
Con su policía, Macri ya suma varios escándalos. Primero puso de jefe al ex comisario, represor y pro-genocida Jorge “Fino” Palacios. Hubo resistencia. El Fino tuvo que renunciar y hoy está preso y procesado. Después saltó otro escándalo por las escuchas ilegales de Ciro James. Ese espía también está procesado y en su caída arrastró al ministro de Educación.
Todos esos antecedentes generaron un fuerte rechazo social que obligó literalmente a que la Legislatura aprobara una medida de control, que fue la mencionada Ley 3255.
Lamentablemente la Legislatura no suprimió la conformación de la supuesta nueva policía, como creemos necesario nosotros dado su carácter represivo. Recordemos que cuando se creó, el bloque K, la Coalición y el PS aprobaron la ley macrista.
Ante los escándalos, en diciembre y casi por unanimidad se aprobó la Ley 3255 que ordenó crear una comisión especial por 90 días para evaluar el ingreso a la Metropolitana del personal que viene de otras fuerzas. Obviamente, un control tan elemental debe ser previo a que tal cuerpo entre en funciones.
La propia ley establece que, a siete días de votada como máximo, se debía formar esa comisión con los diputados de las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos y la Defensora del Pueblo. No es que nosotros creamos que una comisión va a lograr una policía “limpia”. Pero si todos los bloques en ese momento lo consideraron urgente, si fueran coherentes deberían sesionar, formar la comisión y controlar al personal policial.
A hoy el plazo está supervencido y la comisión no se formó. La Metropolitana circula por Buenos Aires, con armas y picanas eléctricas, pero sin ningún control previo. ¿Y alguien podría asegurar que entre esos 850 efectivos Macri no tiene otro Palacios, otro James o alguno similar? Para colmo, de vocero policial Macri ha puesto a un ex vocero del ejército de Israel, que justifica las masacres de palestinos como “daños colaterales”...
El lanzamiento de la Metropolitana es una medida propagandística y electoral de Macri, que quiere postularse a presidente. Y un desesperado intento de tener una policía para enfrentar las protestas sociales. Asimismo es su ariete para perseguir a los sectores más desprotegidos con la excusa de proteger el espacio público: personas en situación de calle, vendedores ambulantes, artistas callejeros, artesanos, manualistas, trapitos y todos aquellos a los que el modelo social del PRO considera indeseables.
Frente a esto hay que mantener la movilización popular y exigir que se derogue la ley que dio origen esta nueva fuerza represiva. Y el viernes 19 participar de la marcha contra la Metropolitana que sale a las 17.30 del Obelisco hacia la Jefatura de Gobierno.